Como complemento del análisis publicado el día de ayer sobre la reunión mantenida en el Ministerio de Justicia con la Secretaria de Estado, los asistentes al acto en representación de UPSJ han elaborado un informe más detallado relativo al desarrollo del orden del día para el que fueron convocadas las asociaciones profesionales de Letrados de la Administración de Justicia, así como los temas que surgieron con posterioridad en la fase de ruegos y preguntas.
El jueves día 20 la Secretaria de Estado, Dª Carmen Sánchez-Cortés y el Secretario General de la Administración de Justicia, D. Antonio Dorado Picón, junto con el Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, se han reunido con todas las asociaciones de letrados de la Administración de Justicia, con el orden del día que os explicábamos en la nota de publicada el día 19 de julio.
Aunque los puntos del orden del día empezaban con la palabra «información», no se nos ha entregado ningún documento ni proyecto, sino que el Ministerio ha iniciado la reunión reclamando nuestra opinión sobre «la justicia digital» y la «oficina fiscal digital». No es un tema conflictivo para nadie, es sabido que todas las asociaciones estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar en la digitalización de la justicia, sin mirar atrás. Es por ello, y en relación a este punto, que todas hemos manifestado al Ministerio el peligro de las últimas resoluciones judiciales y de la Instrucción del Fiscal General del Estado, que reclaman la transcripción de las actas judiciales, y la necesidad que el Ministerio se mantenga firme en la defensa del valor como documento auténtico de las grabaciones judiciales sin necesidad de transcripción, siguiendo exactamente el dictado de la ley. En esta línea, Upsj han propuesto que por el Secretario General se dicte una instrucción que pueda apoyar a los compañeros ante otros operadores como jueces y fiscales que en algunos territorios son reacios a la aplicación de lo que dice expresamente la ley; sin embargo, ni la Secretaria de Estado ni el Secretario General no lo ven oportuno, porque es un tema meridiano y claro en la ley, y porque hay que evitar un exceso de instrucciones ministeriales. Ciertamente, dos buenos argumentos, pero que deben sopesarse con la situación de conflictividad que viven muchos compañeros y la situación en la cúspide de nuestra estructura jerárquica del Secretario General, y que el exceso queda lejos cuando hablamos de tres Instrucciones en los dos últimos años.
Dentro de este capítulo el Ministerio nos ha comunicado, que en estos momentos están trabajando para conseguir mejoras en el equipo de grabación para aumentar la calidad de lo grabado, llegar a la transcripción automática de la grabación y buscar un sistema de marcas fácil quizás por voz. Si bien estas mejoras se aplicarían a territorio Ministerio, se espera que el resto de territorios al conocer las mejoras conseguidas, adoptasen sistemas similares.
Sobre la “fiscalía digital” sabemos que el Ministerio está impulsando su definitiva implantación, trabajando con las asociaciones de Fiscales.
Preguntado sobre exactamente a qué se destinará el tan referido aumento del 7,7% del presupuesto, la Secretaria de Estado ha contestado a UPSJ que unos 80 millones de euros en el programa informático del futuro Registro Civil, para el IML y INT, en algunas obras e inversiones en territorio Ministerio y en lo necesario para la gestión del cambio.
Sobre el sistema de gestión común, se nos ha ratificado que el plan ministerial es conseguir un único sistema de gestión procesal. Por ello, el Ministerio trabaja conjuntamente con las Comunidades Autónomas, en la búsqueda del mejor sistema de gestión, que seria plurilingüe, y para lo cual, ya se han recabado informes técnicos de una consultoría externa e independiente, que ha analizado todos los sistemas de gestión del país. El resultado provisional de este informe ha sido que el programa catalán “ejusticia.cat” parece el mejor, si bien necesita superarse para ser exportable a todo el territorio.
Seguidamente, se ha tratado el tema de las oposiciones, informando el Sr. Dorado que en noviembre del 2017 se prevé la celebración del segundo ejercicio de la promoción interna y el primero del turno libre.
Ha recordado también que en la Oferta de Empleo Público de este año se ofrecen 89 plazas, de las cuales 68 van a turno libre y 21 a promoción interna, y que incluyen un porcentaje de las plazas de refuerzo que se comprometieron con los sindicatos a consolidar en la plantilla
Sobre las elecciones al Consejo del Secretariado que una posible fecha de celebración es el 30 de noviembre, con lo cual, se convocarían a finales de septiembre. En este punto el Secretario General ha pedido a las Asociaciones que hagan llegar lo más rápido posible sus aportaciones para mejorar la forma de celebración de estas elecciones, regulada en una instrucción de 2013. Cómo no puede ser de otra forma, las Asociaciones hemos recogido el encargo.
Otro punto del orden del día era la información sobre nuestro Reglamento Orgánico, pendiente de aprobar desde la última reforma de la LOPJ en 2015, y sobre el cual, no hemos recibido ni un borrador de un artículo , a pesar de existir un grupo de trabajo, que nunca se ha reunido para trabajar este tema
En contradicción con las palabras del Secretario General vertidas en la primera reunión del grupo de trabajo específico sobre este tema tras conseguir la investidura de este Gobierno, con las cuales se nos prometió trabajar el texto del nuevo Reglamento en reuniones periódicas de dicho equipo de trabajo, por sorpresa nuestra, parece que el Ministerio tiene casi finalizada la redacción del texto, y éste está “casi” (indefinido) listo para pasar al circuito interno del Ministerio, para después dar el traslado a las asociaciones, tras el cual, pasaría a los trámites externos al Ministerio para su definitiva aprobación. Si bien, el Secretario General nos afirma que han estudiado las propuestas que cada asociación planteó, ya en enero de 2017, antes de empezar a trabajar el Equipo Ministerial, hemos salido de la reunión sin saber qué propuestas se han admitido y cuáles no. Seguimos sin tener por tanto, información alguna sobre temas tan importantes como la consolidación de categoría o escalafón, o las libranzas. Esperamos, por no decir, reclamamos en base al artículo 444 de la LOPJ, que el traslado que hoy se nos ha prometido, se nos dé en condiciones de tiempo y forma, porque después de 11 años, una mera adaptación a la LOPJ que es el pequeño objetivo de este Ministerio, se merece al menos, que esté consensuada entre todos.
Una posibilidad que está en estudio y avanzó el Secretario General es la oferta en concurso de las plazas de Coordinador y Secretario de Gobierno que tienen reservadas al ser nombrados en esos cargos de libre designación. Si bien no pueden considerarse servicios especiales, se busca una fórmula para que estas alrededor 80 plazas reservadas a estos cargos, puedan salir a concurso.
El último tema del orden del día ha sido la información sobre el Decreto que va a modificar la retribución y sistema de las sustituciones voluntarias. Una vez superados los trámites en el Ministerio de Hacienda, se espera que la semana que viene se remita al Consejo de Estado, que es el último escalón para su tramitación. Recordemos que la nueva regulación limita el plazo de sustitución, incrementa la cuantía al 80% del salario, y diferencia entre los puestos de NOJ de los que no lo está. Según parece se aprobará en los mismos términos del proyecto presentado en su día por el Ministerio, ya que en la Mesa sindical no se llegó a negociar, porque los sindicatos se levantaron de la Mesa.
A preguntas de UPSJ, sobre si se ha previsto algún caso excepcional, en el cual pueda durar más la sustitución voluntaria, y no acabe cubriéndose la vacante con sustitución forzosa, cómo sucedería cuando se agotase la bolsa de sustitución voluntaria, el Secretario General ha manifestado, que cuando acaben las posibles sustituciones voluntarias se recurrirá a la bolsa de Letrados sustitutos, por tanto, no existirán sustitutos voluntarios que no puedan percibir la retribución que ahora se fijará, por superar el límite máximo de la retribución.
Ya en ruegos y preguntas, los compañeros del Sisej han preguntado por el tema de las sustituciones forzosas y el criterio ministerial para denegar el nombramiento de Letrados sustitutos, a lo cual, el Secretario General ha manifestado que se aplican los criterios de la Instrucción 4/11 y que nombramiento o la denegación del sustituto solicitado se decide dependiendo de la carga de trabajo del juzgado a sustituir. Que por tanto, no existe un criterio general, sino que la decisión depende de cada caso concreto. Está claro, que esta explicación casa mal con la existencia de resoluciones que nos han llegado a conocimiento y que no tienen motivación alguna o que se deniegan la cobertura por interino exclusivamente por motivos presupuestarios (“en atención a la situación económica actual y la tendencia de contención del gasto público”), y como expuso Conseju, hay un ruido de fondo entre los Letrados. Entendemos que es lógico ese ruido de fondo que sobreentiende que hay una “presunta” línea del Ministerio en restringir al máximo el nombramiento de sustitutos, que se nos ha negado hoy. Por tanto, es deseable, como ha indicado Sisej y ha apoyado UPSJ que el Equipo Ministerial cuando se deniegue cualquier petición exponga claramente sus razones, para desvanecer las sospechas de arbitrariedad, y los malos entendidos.
UPSJ ha preguntado seguidamente sobre el Registro Civil, y cómo se encuentra la situación ante la nueva prórroga que finaliza antes de un año, a lo que la Secretaria de Estado ha comunicado que se trabaja sobre la propuesta de reforma de la Ley 20/11 que presentaron a principios de año, de hecho una parte del aumento del presupuesto de justicia se va a destinar a la mejora tecnológica pendiente.. Hemos recordado que no vemos posible que el trabajo del Encargado y Secretario, se transforme en una sola plaza de Encargado, y que cualquier Encargado merece la misma retribución que el actual Encargado. No hace falta repetir que la prioridad de UPSJ es el respeto a la ley aprobada por amplia mayoría parlamentaria, sin disoluciones de ningún tipo, ni de medios disponibles, ni de estructura territorial, ni por supuesto, de retribuciones.
Otro tema introducido por UPSJ en la reunión ha sido el problema de los juzgados civiles especializados en condiciones generales de préstamos garantizados por hipoteca, sobre el cual, hemos expuesto la problemática en torno a la insuficiente dotación de medios materiales en algunos juzgados, a la discriminación salarial de los compañeros afectados – que están percibiendo retribuciones de comisión de servicios sin relevación de funciones- y nuestra valoración negativa de la solución adoptada por el CGPJ y el Ministerio de Justicia, ante la gran cantidad de este tipo de litigios que se esperan.
El Secretario General de la Administración de justicia nos ha respondido que desde el Ministerio se hace un seguimiento diario de las entradas de asuntos así como de la situación de cada uno de estos juzgados, a través de los datos que diariamente reciben de todos los Secretarios de Gobierno, y que la situación es de total normalidad.
Que las medidas que se han adoptado y las que se irán adoptando, se van adaptando a la situación concreta de cada juzgado afectado. No hay pues, una planificación general. Que los Secretarios de Gobierno son quienes promueven la dotación de más medios, o las medidas que crean oportunas, y que por tanto, son a ellos a quienes los afectados pueden formular sus quejas o peticiones.
Muy descriptivamente, el Secretario General ha explicado que por ejemplo que no se pondrá auxilio judicial mientras no haya audiencias previas a celebrar, ni Letrado de la Administración de Justicia en dedicación exclusiva, mientras solo entren demandas – sin definir el número de ellas- , porque éste es un trabajo que se puede compaginar con el trabajo propio de la oficina del Letrado de la Administración de Justicia titular del juzgado especializado. Caso por caso, se van adaptando las medidas sobre medios materiales y personales, o se van tomando nuevas medidas.
Una decisión que creemos arriesgada porque requiere de mucho acierto y mucha agilidad, dos cualidades difíciles y escasas cuando hablamos de temas administrativos y burocráticos.
Desde luego, parece que el Ministerio tiene más información que nosotros, o que no encaja con la nuestra, y por ello, hemos pedido, aprovechando el punto 9 del Acuerdo de 25 de mayo de CGPJ que prevé reuniones entre CGPJ, Ministerio y CCAA para evaluar las medidas adoptadas CADA MES, que se nos haga llegar los informes de evaluación que el Ministerio elabora para estas reuniones. No se nos ha respondido, por lo cual, vuelve el peligro del silencio y de la falta de comunicación con el Ministerio.
En su turno, los compañeros de Conseju han recogido una de las peticiones que UPSJ formuló ante la Comisión de Justicia del Congreso de los diputados como punto a incluir en un posible pacto de estrategia nacional para la justicia: la adopción de alguna medida legislativa para evitar ejecuciones eternas. Y aprovechando el momento, UPSJ además de solicitar la implantación de alguna disposición legislativa que permita el archivo de ejecuciones ; ha expuesto uno de los problemas actuales: la cesión sucesiva e ininterrumpida de créditos a favor de los llamados «fondos buitre», los cuales, se dedican a reiniciar ejecuciones durante años archivadas, y que sin pagar ningún tipo de tasa y sin ningún tipo de filtro jurídico sobre las condiciones de la cesión que dejan en indefensión al ejecutado, colapsan nuestras oficinas judiciales, utilizan medios y fondos públicos sin contraprestación alguna, cuando el servicio público de la justicia debe servir y se debe a muchos más ciudadanos, a parte de un nutrido grupo de entidades jurídicas de nacionalidad extranjera, que nada aportan a la economía española, pero a los cuales se permite utilizar gratuitamente y “ad eternum” nuestros recursos.
Dentro de este apartado, UPSJ ha ofrecido el informe que hemos elaborado sobre la evolución de las ejecuciones en todas las jurisdicciones, que demuestran que los Letrados de la Administración de Justicia somos un colectivo eficiente porque ha bajado la pendencia en todos los órdenes jurisdiccionales, y que movemos cuentas con saldos importantes, y hemos organizado las oficinas judiciales para que los embargos telemáticos y las subastas sean cada día más rápidos y mejor realizados. Todo ello, para responder a aires que van expandiendo la idea de que la ejecución debería privatizarse. Y dentro de estos aires, hemos explicado las palabras que en su día utilizó el Consejo General de la Abogacía, cuando dijo que habían 30.000 sentencias sin ejecutar en este país, y que según la propia Presidenta del Consejo, Sra. Victoria Ortega, expuso a nuestra portavoz significaba que eran in ejecutables, porque los condenados eran insolventes, pero en ningún caso se trataba de demandas judiciales sin incoar. Tanto la Secretaria de Estado, como el Secretario General como el Director de Relaciones con la Administración de Justicia han mostrado su interés en disponer de este informe, que por su supuesto, les remitiremos a la mayor brevedad.
Antes de acabar la reunión, UPSJ no ha perdido la oportunidad de reclamar de nuevo ante el Ministerio, no solo la pérdida del poder adquisitivo como reclaman las asociaciones judiciales, sino también que se abra Mesa de retribuciones, de igual manera que se ha prometido a las asociaciones de jueces. Los compañeros de Sisej y de Ainseju se han sumado en ese momento a la petición. Esperemos nadie quede descolgado, por el bien del colectivo.
La Secretaria de Estado ha manifestado que no se plantea que pueda haber una subida salarial al colectivo judicial sin una subida a los Letrados, pero es que lo que toca ya es empezar a negociar la adecuación salarial que tantas veces el Ministro ha reconocido que nos merecemos. Sin excusas presupuestarias.
