Finalizado el mandato del Secretariado Ejecutivo surgido del Congreso de Girona en 2016, desea esta candidatura continuar la labor desarrollada hasta el momento en aras a promover la visión de UPSJ de la Administración de Justicia.
En la actualidad, nos encontramos ante un panorama a nivel político sumamente complejo que no puede dejarnos indiferentes, siendo en este sentido el compromiso de esta candidatura contribuir a alcanzar acuerdos y aglutinar fuerzas con la única finalidad de mejorar el servicio público de la Justicia.
Para ello, sería deseable que el reciente equipo de gobierno constituido destacara por una capacidad de consenso que, lamentablemente, no había tenido nunca el equipo anterior.
Nuestra voluntad es promover la revisión y la reforma de los aspectos orgánicos, organizativos y normativos que afectan a nuestra Administración de Justicia, con el objeto de hacerla plenamente ágil, transparente, eficaz, democrática y próxima al ciudadano, en la que el Letrado de la Administración de Justicia se constituye como pieza fundamental para conseguir que sea un servicio público de calidad.
Por todo ello en nuestro programa necesariamente tienen que seguir estando las viejas e históricas reclamaciones así como aquellas otras que de manera emergente han surgido como necesidad para la dignificación de nuestro Cuerpo, y que conjuntamente esta candidatura sintentiza de la siguiente manera:
PRIMERO.- Una negociación colectiva propia que excluya de una vez por todas que nuestros intereses y mejoras profesionales sean negociados con los sindicatos generalistas, para ser solo tratadas con nuestras asociaciones mediante el instrumento previsto en el art. 444.d) de la LOPJ.
SEGUNDO.- Adecuación de nuestro salario al aumento de funciones que se inició ya en el 2009, con la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la Oficina Judicial, que supuso un cambio radical de nuestra carga de trabajo y responsabilidad y que ha venido sufriendo un aumento paulatino como consecuencia de múltiples reformas posteriores.
TERCERO.- Equiparación legal en el trato jurídico, social y económico de la Carrera del Letrado de la Administración de Justicia con las Carreras Judicial y Fiscal (art. 5.f) de los Estatutos).
CUARTO.- Implantación del nuevo modelo de oficina judicial, nacido del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia de 2001 y la Ley Orgánica 19/2003 de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que pivotará sobre las funciones directivas y procesales de los Letrados de la Administración de Justicia, procurando conseguir el mayor número de efectivos posibles en los Servicios Comunes a fin de que las plantillas de LAJ no se vean reducidas y las UPAD puedan prestar apoyo a los Servicios Comunes.
En definitiva pretenderemos conseguir el máximo equilibrio en el desarrollo de la estructura y relaciones de puestos de trabajo de los servicios que se creen y sobre todo que todas las jefaturas sean servidas por LAJ y no se creen servicios infradotados.
QUINTO.- Reclamación del reconocimiento pleno del LAJ como encargado del Registro Civil. Ningún cuerpo tiene mayor experiencia en la llevanza de este sistema registral y ningún interés privado ha de prevalecer sobre la conveniencia de atribuir la dirección del Registro al funcionario que ha dedicado su experiencia profesional a este cometido.
SEXTO.- Promover y colaborar en el uso de las nuevas tecnologías por entender que la confianza social en el sistema de justicia ha de evolucionar acorde con la adecuación de los instrumentos de trabajo que puedan ser puestos a nuestra disposición como servidores públicos.
En este sentido reclamaremos la plena concesión de la firma digital para los LAJ, ya disponible para tantos profesionales, sin la cual no es posible acometer el tan anunciado expediente digital.
Reclamaremos la integración de los sistemas de gestión procesal y la incorporación de la fiscalía al sistema LEXNET, plenamente necesaria para el nuevo sistema de justicia, donde la transparencia y el trato igualitario de todas las partes del proceso debe ser garantía de eficacia y modernidad.
SÉPTIMO.- Reclamaremos la reglamentación de los días de libranza, aún pendiente, paralela a la que disfrutan la judicatura y la reclamación de los días de libranza de guardia no disfrutados, ello con independencia de que se acredite la intervención del Letrado.
OCTAVO.- Promover la reforma del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia a fin establer una mejor normativización de aspectos como, por ejemplo:
- a) El sistema de designación de los Instructores en los expedientes disciplinarios.
- b) El nombramiento y cese de los cargos de libre designación.
- c) Las comisiones de servicio.
- d) El sistema de categorías y escalafón.
NOVENO.- Incrementar la presencia de la asociación en las redes sociales, con la finalidad de convertir esta Asociación en el centro de referencia digital para las reivindicaciones de nuestro Cuerpo.
DÉCIMO.- Interesar el incremento del número de Letrados de la Administración de Justicia, equiparándolo al de Jueces y Magistrados, convocando al menos 250 plazas en cada uno de los próximos cuatro años.
UNDÉCIMO.- Insistiremos en el estudio e implantación de unas cargas máximas de trabajo y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales derivados de nuestra profesión, impulsando la convocatoria de la Comisión de Seguridad y Salud que UPSJ presentó en el Ministerio de Justicia.
DUODÉCIMO.- Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial (MUGEJU) para resolver la problemática específica planteada en todo momento por los Letrados de la Administración de Justicia.
