A día de hoy, 11 de noviembre, a escasas 7 semanas de la entrada en funcionamiento de la fase III, tanto el Colegio Nacional como la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, nos vemos obligados a denunciar que no se cumplen las circunstancias necesarias para que esta se produzca con plenas garantías.
Por un lado el proceso de acoplamiento de los letrados de la Administración de Justicia de fase III no se ha realizado todavía en ninguno de los territorios. No hay certezas sobre las relaciones de puestos de trabajo que pueden y deben en numerosos casos ser modificadas para paliar errores previos. No está aprobada la resolución definitiva que regulará las normas de acoplamiento de los letrados y letradas. No están nombrados los directores, adjuntos, jefes de área y de equipo de los partidos pertenecientes a las CCAA más pobladas. Similares circunstancias se dan respecto del acoplamiento de los funcionarios de Cuerpos Generales.
A día de hoy no se ha definido la forma de organizar la nueva oficina, no está aprobado ninguno de los protocolos que deben regir las oficinas judiciales de la fase III, lo que supone entre otras cosas que letrados y funcionarios deben de decidir si confirmar o no sin saber exactamente el trabajo que se desarrollará en uno u otro servicio, lo que supone un evidente perjuicio profesional que atenta directamente contra la carrera profesional, pero también un riesgo de descapitalización del servicio público al no aprovecharse la especialización lograda por los letrados y letradas en sus plazas anteriores, especialización que ya no se garantiza. Las personas encargadas de dirigir servicios, o no han sido designadas o no han tomado posesión, y en la mayor parte del territorio transferido a las CCAA el proceso está aún más retrasado.
Junto a ello no hay ni desarrollos tecnológicos, ni inversiones suficientes, ni se han adaptado espacios para que el sistema pueda funcionar de forma correcta. No están preparadas las adaptaciones y permisos necesarios en los muy diferentes sistemas de gestión procesal que se emplean en el territorio español, que con carácter general desconocen los servicios comunes y áreas y funcionan centrados en las plazas judiciales. Similares problemas se darán con los permisos necesarios para los accesos a Punto Neutro Judicial, aplicaciones del Ministerio o de las CC.AA. Tampoco se ha impartido la formación específica necesaria a letrados y letradas ni a funcionarios de los Cuerpos Generales,
Es evidente que hay una excesiva improvisación de las diferentes administraciones competentes, sin una unidad de criterio clara ni la suficiente transparencia. La experiencia de las dos fases previas nos ha demostrado que, a pesar del importante trabajo realizado por los directores, adjuntos y jefes de aquellos partidos, la entrada en funcionamiento ha sido desorganizada, sin suficiente coordinación entre las diferentes administraciones, sin preparación previa adecuada y sin el soporte y apoyo necesario.
La fase III afecta a los partidos judiciales más grandes del Estado, donde vive la mayoría de la población. La efectividad del servicio público, que garantiza los derechos de los ciudadanos y ciudadanas, no debe peligrar por la precipitación de querer cumplir sea como sea una fecha límite demasiado cercana.
Por todo ello, debemos solicitar públicamente al Ministerio de Justicia que aplace la puesta en marcha de la fase III de la oficina judicial del tribunal de instancia, utilizando el mecanismo previsto en la disposición transitoria quinta de la LO 1/2025, o el que considere más adecuado, durante al menos seis meses, para evitar que el afán por cumplir con la fecha inicialmente prevista nos puede llevar a una situación indeseable en perjuicio de los ciudadanos, y dar tiempo con ello a llevar a cabo todos los procesos necesarios para una implementación efectiva y con garantías del nuevo modelo.
En Madrid, a 11 de noviembre de 2025
Iltre. Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia
Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia
