En el BOE de hoy se ha publicado el Real Decreto 422/2025, de 3 de junio, que crea 42 plazas judiciales en secciones de violencia sobre la mujer y otras 42 plazas de fiscales para esa materia, además de transformar 8 plazas de instrucción en plazas de violencia. Esas plazas no van acompañadas de un número proporcional de plazas de letrados y letradas de la Administración de Justicia ni de funcionarios de los Cuerpos Generales.
Desde UPSJ tenemos que hacer una valoración muy crítica de la medida. De la exposición de motivos del real decreto se desprende que la determinación de las plazas a transformar y crear se basa en un análisis previo de las cargas de trabajo de todas las Secciones de Violencia sobre la Mujer de España con la atribución de la nueva competencia en materia de violencia sexual. En aquellos partidos judiciales en los que mediante la transformación de una plaza de la Sección de Instrucción resulta una distribución equilibrada de la carga de trabajo entre esta y la Sección de Violencia sobre la Mujer, se ha optado por esta vía. En aquellos casos en que esta alternativa resulta insuficiente, se ha optado por la creación de una nueva plaza. Por lo tanto, en 42 casos, se ha considerado que no había distribución equilibrada de trabajo entre los jueces, y se crean por ello 42 nuevas plazas. Pero en esos 42 casos comprobados y acreditados de desequilibrio de trabajo, no se crea ninguna plaza de LAJ ni de funcionarios.
A partir del 31 de diciembre dispondremos de 42 jueces más para resolver sobre una orden de protección. Sin embargo no habrá personal para registrar esos procedimientos, para señalar la comparecencia, para citar, para requerir al investigado, para informar a la víctima, para notificarle la orden ni para anotarla en el SIRAJ, requisito esencial para que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan velar por su protección. Ese trabajo lo tendrá que asumir un LAJ y unos funcionarios que ya prestan auxilio a otra unidad judicial de violencia de género, duplicando su trabajo, o deberán realizarlo otros detraídos de una jurisdicción diferente, dejando a esta sin personal. En resumen, se crean plazas para resolver procedimientos de violencia de género que no se podrán tramitar.
El pasado viernes 30 de mayo, en el acto de entrega de despachos de la promoción 46 de LAJ, el Ministro Felix Bolaños ha expresado en su discurso que el nuevo modelo organizativo iba a permitir ser más específico en combatir los cuellos de botella del servicio público de justicia, creando plazas de jueces cuando fuera necesario, o plazas de LAJ si son estas las que faltan. Pues bien, si el Ministerio no rectifica de aquí al 31 de diciembre, acaba de crear un muy evidente cuello de botella en los LAJ de violencia de género. Lo más grave, en todo caso, es que se ponga en peligro la seguridad de las mujeres víctimas de esa lacra por no dotar las plazas del personal necesario.
