UPSJ insta al Ministerio de Justicia y al Gobierno Vasco a mantener los servicios de ejecucion en la implantación del nuevo modelo de oficina judicial.
Ante la noticia que la Consejería de Justicia del País Vasco pretende eliminar los servicios comunes de ejecución en la implantación de los próximos Tribunales de Instancia, por parte de la asociación profesional de letrados y letradas de la administración de Justicia (UPSJ) no podemos dejar de clamar ante la alarmante situación y por la contundente defensa del Servicio Común de Ejecución.
Esta defensa del servicio común de ejecución no solo se fundamenta en la mejora de la eficiencia y especialización del sistema judicial, sino también en la necesidad de garantizar una justicia pública, accesible e igualitaria para todos los ciudadanos, sin importar su lugar de residencia. En este contexto, es especialmente relevante señalar las resistencias que han surgido en el País Vasco, donde la Consejería de Justicia ha mostrado una actitud que podría calificarse como negligente o incluso obstructiva dirigida a la eliminación plena de estos servicios diluyéndolos en otros macro servicios que supondrán un grave perjuicio para la ciudadanía vasca y su tejido empresarial. Ciudadanos y empresas que verán retrasos en actuaciones muy importantes de ejecución como pago de pensiones , subastas judiciales, embargos …o incluso los vascos y las vascas deberán pagar a profesionales externos para el cumplimiento efectivo de sus sentencias y demás resoluciones, lo que es del todo punto inaceptable.
Los datos estadísticos son contundentes: bajo la dirección de los Letrados de la Administración de Justicia, las ejecuciones resueltas superan a las ingresadas en un porcentaje significativo (30-40%). Este éxito no es casual; se debe a:
La especialización técnica de Los Letrados de justicia que cuentan con una formación específica que les permite gestionar procedimientos ejecutivos con mayor eficacia.
La homogeneidad en la gestión: La creación de oficinas judiciales y servicios comunes ha permitido unificar criterios y procedimientos.
La colaboración funcional: El trabajo conjunto entre Letrados y funcionarios ha demostrado ser un modelo eficiente.
Sin embargo, estos avances se ven amenazados por decisiones políticas o administrativas que no priorizan el interés general ni los datos objetivos que avalan el modelo. En el caso del País Vasco, la falta de apoyo decidido por parte de la Consejería de Justicia a este sistema pone en peligro su consolidación.
La actitud de la Consejería vasca hacia el Servicio Común de Ejecución refleja una falta de compromiso con los principios fundamentales del servicio público de justicia, en lugar de facilitar y conservar la implementación de los servicios comunes de ejecución con los beneficios para el ciudadano que ello conlleva, se observan movimientos para su eliminación. Mientras otras comunidades autónomas avanzan en modernizar sus estructuras judiciales, para acomodarlas a la LO 1/2025 y a la justicia del siglo XXI, el País Vasco parece rezagado, e incluso involucionado, lo que afecta directamente a los ciudadanos y empresas que dependen del sistema judicial en este territorio.
De hacerse efectivo el objetivo de eliminar los servicios comunes de ejecución en el País Vasco, esta actitud fomentaría una justicia a dos velocidades, donde los ciudadanos vascos no tendrían acceso a los mismos estándares de eficiencia que en otras regiones.
La reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025 es una oportunidad para corregir las deficiencias en el sistema público de justicia manteniendo los servicios de ejecución que han resultado de todo punto eficientes.
Es inaceptable que una comunidad autónoma con competencias transferidas en materia judicial utilice estas competencias para frenar avances que benefician a todos los ciudadanos. La Consejería vasca debe dejar atrás cualquier interés particular o político que obstaculice el desarrollo del Servicio Común de Ejecución.
El servicio público exige compromiso, responsabilidad y visión. Los datos están ahí: el modelo funciona y beneficia a todos. Es hora de actuar con contundencia para garantizar una justicia pública eficiente e igualitaria en todo el país y la aplicación real de la LO 1/2025.
